CRIMINOLOGÍA DEL LAWFARE

 

El uso de la ley como un arma de guerra

El término de lawfare ha sufrido variaciones a lo largo de los años, pero un concepto moderno en el ámbito académico, la combinación de las palabras en inglés “law” (ley) y “warfare” (ámbito de guerra) lo que al momento de traducirlo al español significa “guerra jurídica” se refiere al uso de la ley como herramienta de poder y en su momento se la empleó para criticar el sistema jurídico occidental, discutiendo que consiste más en una “guerra” en los tribunales que en la búsqueda de la verdad. Tuvo su primera aparición a mediados de los 70, donde las órdenes legales occidentales se habían vuelto utilitarias y arraigadas en el interés propio. En este contexto, se introdujo el concepto para explicar que “la búsqueda de la verdad se reemplaza por la clasificación de cuestiones; así, el lawfare reemplaza la guerra, y el duelo pasa a ser con palabras, para dejar de ser con espadas” (smith & crossley, en werner, 2010, p.63). Luego, inicialmente, el término sirvió como etiqueta para denunciar aspectos individualistas y acusatorios del derecho en las sociedades latinoamericanas. Lawfare quiere describir una nueva forma de producir un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar, lo que quiere decir una nueva forma de producir un golpe de estado desde el interior de las democracias, esto llega a suscitarse en países con instituciones débiles, por lo cual es muy difícil que se logre darse cuenta, lo que se quiere es desprestigiar a los oponentes políticos. 

El antropólogo de Harvard, John Comaroff, en su libro “Colonialismo, cultura y ley”, analizó el uso por parte de los países de Europa en África durante los siglos XIX y XX. En su análisis, concibe al “lawfare” como el uso de la ley para lograr la subordinación, la conquista o el control de poblaciones subalternas o, en general, de grupos menos poderosos, definiéndolo como “el esfuerzo por conquistar y controlar a los pueblos indígenas mediante el uso coercitivo de los medios legales”. “Lawfare” significaría entonces la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra: “Elegido un sector, por ejemplo, político, como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son utilizados por los agentes públicos como una forma de perseguir a aquellos que fueron estigmatizados como enemigos”, explicó el abogado Maximiliano Rusconi. Asimismo, el secretario general de Podemos en Galicia y candidato a la Xunta, Antón Gómez Reino, también se ha posicionado de este modo tirando igualmente del concepto de 'lawfare', definiéndolo como "la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como armas para intentar derrocar un gobierno legítimo".
Claros ejemplos son, en Argentina se lo menciona para minimizar acusaciones contra altos funcionarios de los gobiernos de 2003 a 2015, en Israel el líder ultraderechista Benjamín Netanyahu acaba de acusar de “golpista” a los Tribunales de su país por imputarle actos de corrupción similares. Algo parecido plantean los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro ante cada acusación en su contra. Aplicando el argumento a la inversa, quizás podría decirse que el reclamo de Evo Morales para que la Corte de su país que le otorgue permiso a una cuarta reelección manifestando que ser elegido de por vida es un derecho humano, fue una suerte de acto de “guerra jurídica” en sentido contrario. 

El objetivo del Lawfare, a no dudarlo, es que hacia el futuro esa persecución discriminadora no suceda más y, hacia atrás, que esas decisiones, al haber violado principios esenciales de nuestra cultura jurídica, sean corregidas. La función de reformar la seguridad jurídica consiste en brindar de valores ético-sociales y de la confianza en la norma, que cumple la decisión definitiva, en algunos casos, debe ceder ante valores superiores; por ello se permite la revisión del procedimiento cerrado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada mediante el recurso de revisión a favor del condenado, en supuestos excepcionales en los cuales, en verdad, el mantenimiento de la decisión no contribuiría a esos objetivos. La finalidad de este recurso es no someter a una persona inocente a una pena o medida de seguridad que no merece, o a un condenado a una pena o medida de seguridad mayor a la que merece.